Nota del Editor: El primero de mayo, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, emitió un decreto “nacionalizando” las reservas de gas y petróleo. Una vez mas Bolivia apareció en el escenario mundial de las noticias; periodistas del exterior volaron hacia los andes para reportar la historia. Y así lo hicieron pero con marcadas diferencias. Muchos de los medios caracterizaron el decreto como un acto radical, algunos lo vieron inclusive como un acto de confiscación de los recursos y la propiedad privada. Pero en los hechos el decreto estaba lejos de ser aquello.
No nos sorprende que muchos periodistas hayan caído en la trampa de reportar el decreto como algo mucho más radical de lo que realmente es. Gran parte de ello se debe a la imagen adoptada por el propio gobierno anunciando el decreto. Morales hizo el anuncio el 1ero. de Mayo, una fecha muy importante internacionalmente para la izquierda . Morales adornó su discurso con una retórica fuerte y mandó soldados bolivianos a “proteger” los campos petroleros.
Estoy seguro de que el gobierno de Morales tenia en mente solamente la política domestica al crear esta imagen y la retórica con la que el decreto fue anunciado. Este era el Evo que estaba cumpliendo una promesa electoral; estaba buscando vestir el manto histórico que la “nacionalización” representa en la historia boliviana; y además estaba sentando las bases para la campaña de su partido con miras hacia la Asamblea Constituyente. Podría apostar que Morales y sus consejeros no pensaron cómo estas imágenes y retórica tendrían impacto en el exterior. Gran parte de la prensa extranjera nunca fue más allá de la imagen radical para ver más en profundidad la política moderada de la que estaba hecho el decreto
Podríamos decir que la razón es lo apretado del tiempo para entregar las noticias, pero el hecho es que gran parte de la prensa extranjera, dejó a sus lectores con una impresión errónea de lo que Morales hizo. Aquí esta nuestro análisis de alguna de esta cobertura, preparado por nuestro investigador en temas de petróleo y gas, Aaron Luoma. Para nuestros lectores interesados en el decreto en si mismo, sugiero la lectura de nuestro breve análisis disponible aquí.
Jim Shultz
La primera responsabilidad de los medios es recoger los hechos verazmente y aquí encontramos parte de la cobertura que ha fallado en puntos claves.
Un número importante de medios reportó incorrectamente que el gobierno habría retenido los bienes de las compañías extranjeras y cancelado sus contratos con Bolivia. Algunos ejemplos.
El encabezado del articulo dice: ‘Tillerson, propiedad de Exxon Mobil, enfrenta expropiación en Bolivia’ (Forbes, 2 de mayo)
El caso es que ningún activo fue retenido por el decreto y ningún contrato fue cancelado. El decreto de Morales habla de la recuperación de la mayoría de la propiedad de las acciones en cinco compañías que operan en Bolivia y que hasta antes de la privatización, en la década de los 90, eran parte de la empresa estatal del petróleo. En contraste con los reportes que hablan de la cancelación de los contratos, el decreto simplemente habla de la renegociación de los mismos en los próximos seis meses con la advertencia de que quienes no lo hagan, no podrán seguir operando en Bolivia.
Muchos otros reportes crearon la impresión errónea de que el gobierno boliviano estaría demandando que las corporaciones petroleras extranjeras que operan en Bolivia vendan el 51% de sus acciones a la recientemente reconstituida compañía estatal (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) con un costo de billones de dólares
Algunos ejemplos:
De hecho, y ya lo dijimos más arriba, el decreto no busca obtener control de la mayoría de cada una de las compañías extranjeras petrolíferas en Bolivia, sino de las cinco firmas especificas que anteriormente pertenecían al pueblo boliviano previa la privatización en los 90’s. Y aún así el decreto no requiere que estas compañías vendan el 51% de sus acciones. Tres de estas compañías son asociaciones público privadas y en donde el gobierno ya tiene entre el 30 y el 48% de sus acciones. La cantidad de acciones envueltas en la compra es mucho menor de lo que los medios hacen creer a sus lectores.
En ninguna parte de decreto se requiere que otras compañías extranjeras vendan el 51% de sus acciones y las cinco compañías afectadas solo controlan el 10% de las reservas de gas y petróleo de Bolivia. Y en el caso de las cinco compañías, el gobierno pagaría las acciones a comprar en gas y no dinero en efectivo.
Mucha de la cobertura inicial del decreto dio la impresión de que éste era un acto radical y un indicador de la nueva y antidemocrática actitud del reciente posesionado gobierno boliviano.
Categorizando el decreto en sí mismo como un Acto “Radical”
En mucha de la cobertura del decreto se describe a este como “radical” y una acción por medio de la cual se excluiría a Bolivia de las inversiones extranjeras y destruiría la armonía económica con sus vecinos claves. Algunos ejemplos.
“Evo Morales está poniendo en serio riesgo las inversiones y ayuda extranjera tan necesitadas” (Miami Herald, 3 de mayo, ‘Power Grab is Risky for Morales’)
“Los lideres sudamericanos están tratando de hacer la paz con la decisión boliviana de nacionalizar el gas, esperando eliminar las tensiones que surgieron tras la radical recuperación de los recursos petrolíferos por parte de esta nación andina.” (AP, 5 de mayo ‘Leaders Back Bolivia Gas Nationalization’)
“…la mayor crisis energética emerge en medio de divisiones regionales no vistas en Sud América desde la era de los 80’s cuando las dictaduras aún persistían y la democracia comenzaba a florecer.” (AP/ABC News International, 10 de mayo, ‘Bolivia Gas Plan Causes Rift in S. America’)
“el hecho de que Bolivia esté comenzando a tomar sus campos de gas, ha intensificado los miedos hacia la ‘nacionalización de los recursos’… (Rueters, 2 de mayo, ‘Bolivia stirs fears of energy producer power’)
“a parte de enojar a aliados en Brasil y España, su medida radical puede distanciar a los moderados en Washington que han estado buscando un acercamiento conciliatorio…” (Business Week Online, 3 de mayo, ‘Bolivia’s Risky Game’)
La verdad es que, el plan boliviano de “nacionalización” esta lejos de ser radical. El decreto toma tres tipos de medidas que son políticas públicas estándar: a) busca recuperar la mayoría y el manejo de las compañías que previamente pertenecían al estado; b) sienta las bases para una renegociación de los contratos con las compañías petroleras basada en una auditoria de los costos y beneficios de las mismas; c) incrementa los impuestos temporalmente de dos de los campos más productivos del país.
La búsqueda de la recuperación de los derechos del gas y el petróleo por parte de Bolivia no es otra que la búsqueda de un camino bastante común entre las naciones. Mundialmente, más del 80% de los campos de petróleo y gas están en manos públicas. Además, el gobierno de Morales ha repetido continuamente que quiere que las compañías privadas sean socias y quiere mantener un ambiente favorable para la obtención de beneficios. En contraste a las terribles advertencias invocadas por los medios, el premio Nobel y ex funcionario del Banco Mundial, Joseph Stiglitz aprobó la medida como sensible a la economía nacional. En una visita posterior a la aprobación del decreto, Stiglitz escribió “Cuando a un país le roban sus obras de arte nacionales, no llamamos a la recuperación de este tesoro ‘re-nacionalización’, porque nunca dejo de pertenecer al país.
Los medios extranjeros también han hecho del decreto un signo de que el presidente boliviano Evo Morales ha tomado un giro autoritario (o “populista”, término que gracias a los discursos del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, se ha vuelto un sinónimo de autoritario. El decreto ha sido descrito como una medida de Evo Morales para consolidar poder y orientarse hacia las tendencias nacionalistas. A las opiniones de los medios se suman las declaraciones del presidente de los Estados Unidos George Bush, que en un comunicado posterior al decreto advierte sobre la “erosión de la democracia” en Bolivia.
Algunos ejemplos de la posición en los medios incluyen:
De hecho, en vez de ser un acto antidemocrático, el decreto representa el cumplimento del compromiso efectuado durante la campaña sobre la cual los bolivianos eligieron a Morales en diciembre pasado y de forma aplastante. La acción de Morales se basa en un mandato electoral históricamente ganado (con el 54%) y responde directamente a los resultados de un referéndum nacional de julio de 2004 en el cual el 92% de votantes apoyaron una medida por medio del cual el estado pueda recuperar el control de sus recursos de gas y petróleo.
El Centro para la Democracia cree que los eventos que se suscitan en Bolivia necesitan ser reportados en los medios internacionales con equilibrio y veracidad. Nosotros ayudamos activamente a periodistas extranjeros en la preparación de sus historias proveyéndoles información de los antecedentes, contactos con expertos bolivianos y portavoces, y con la preparación de sus análisis e informes introductorios.
Esperamos que esta revisión ayude en el debate de cómo Bolivia aparece en la prensa internacional y aplaudimos a aquellos periodistas que realizan el trabajo duro, pero necesario para proporcionar cobertura exacta y substancial.
Este documento es parte de una serie de análisis sobre Bolivia y fue escrito por Aaron Luoma (ALuoma@democracyctr.org) y editado por Jim Shultz (JShultz@democracyctr.org). Está basado en una investigación en proceso por Aarón Luoma y Gretchen Gordon (GGordon@democracyctr.org) y forma parte también de una investigación sobre el gas por dos organizaciones bolivianas, el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. (CEDLA), así como la investigación del profesor Mirko Orgaz García en la universidad de San Andrés.